Os dejo con un articulo de opinión de Ken Schooland (Es un poco largo, pero vale la pena su lectura):

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Para la mayoría de los adultos una reputación es generalmente vista como un pedazo de propiedad -algo que les pertenece. Usted “tiene” una reputación y yo “tengo” una reputación. ¿Pero la reputación es verdaderamente una propiedad personal o es simplemente lo que otros piensan de nosotros? ¿Si es simplemente lo que otros piensan de nosotros, entonces cómo podemos reclamar propiedad sobre lo que otros piensan?

Las leyes que intentan proteger la reputación son las leyes de calumnias e injurias. Para comprender la naturaleza de estas leyes es muy útil darse cuenta de que surgen en una época en la que los reyes y los nobles utilizaban el aparato estatal para castigar a las personas que decían cosas poco halagadoras sobre ellos. De vez en cuando, los reyes y los nobles tenían gran poder para procesar las pobres almas de quienes se atrevieran a llamarlos “asesinos” y “ladrones” en lugar de “elite elegida por Dios” que están destinados a gobernar por derecho divino y herencia.

Igualmente comunes eran las provisiones de la ley que le daban a los gobernantes soberanos la inmunidad por todo lo que dijeran sobre la reputación de los campesinos. Como vestigio de esta inmunidad, los oficiales de gobierno en muchas partes quedan fuera del alcance de las leyes de calumnias e injurias cuando “están en funciones oficiales”.

¿El propósito de las leyes de calumnias e injurias es realmente asegurar a los ciudadanos sobre la veracidad de las afirmaciones públicas? ¿Si el establecimiento de la “verdad” fuera realmente el propósito de este tipo de leyes, entonces sería lógico que alguna de las partes damnificadas pudiera denunciar una declaración falsa que haya provocados daños o haya beneficiado a una reputación en forma injusta?

Está comúnmente aceptado que la reputación de un héroe queda dañada si alguien lo llama “ladrón”. Pero seguramente el público queda igualmente dañado, si no aún más, cuando un ladrón es llamado “héroe”. Pero enjuiciar por una declaración positiva falsa, generalmente no está permitido. En realidad, las declaraciones positivas falsas parecen esenciales para los políticos contemporáneos.

¿Qué reputaciones quedan protegidas por las leyes? Naturalmente, la ley estuvo manufacturada por quienes tienen la riqueza necesaria para utilizar el sistema legal en forma más beneficiosa. La riqueza aparece dentro de los cálculos de lo que vale una reputación y, simultáneamente, cuánto “daño” se ha hecho. Presumiblemente todos tienen una reputación pero no tienen ningún valor legal a menos que uno pueda mostrar que las declaraciones prejuiciosas han causado una disminución mensurable del ingreso y la riqueza.

Asimismo, cuanta mayor angustia sufra una persona, mayor será el beneficio que buscarán en el daño. Las personas con gran confianza y autoestima, que no se preocupan por lo que los demás piensen de ellos, tienen muy poco que obtener en las cortes. En su lugar, son las personalidades frágiles e inseguras, conocidos en el campo de juego como “llorones”, los que podrán demandar por mayor daño emocional.

Algunos creen que los políticos, al actuar a través del gobierno, pueden ser los garantes de la verdad. Esto es verdaderamente irónico, dado que las encuestas generalmente ponen a los políticos en la lista de profesiones menos confiables.

Creer que el gobierno es el garante de la verdad es en realidad parte del problema. En la medida en que la gente sufra la ilusión de que son protegidos por el gobierno, no ejercitarán su propio juicio protector. Si uno tiene que sopesar los costos y beneficios de las leyes de calumnias e injurias, esta es la única razón que me lleva a la conclusión de que la ley perjudica más de lo que beneficia.

Mucha gente dice que espera ser protegida por la ley porque “si esto no fuera cierto, alguien lo habría denunciado.” Y otros quedan intimidados por el temor a una potencial demanda judicial. Este miedo tiene un efecto escalofriante, como en Singapur, donde se silencian las críticas y la gente se queda sin un debate genuino.

Los defensores de las leyes de calumnias e injurias pueden ganar generalmente a una audiencia comprensiva porque sostienen que la ley protege en última instancia a personas inocentes de los ataques salvajes a “sus reputaciones”. En este sentido, se puede tomar un poco de sabiduría del notable semiólogo, Lenny Bruce. Fue él quien dijo que las palabras son peligrosas sólo cuando están prohibidas.

Hoy hay muchas acusaciones que las personas pueden encontrar objetables, pero parece que el impacto de estas acusaciones queda disminuido cuando la gente se acostumbra a escuchar palabras que alguna vez estaban prohibidas. Si un “cargo por calumnias e injurias” se escucha raramente, entonces su impacto puede ser muy grande. Pero si se lo escucha todo el tiempo, entonces la gente aprende a detectarlo y descartarlo, o a desarrollar medios de verificación.

Hace algunos años, cuando pocas personas hablaban abiertamente de la homosexualidad, llamar a alguien homosexual era algo extremadamente dañino para su reputación. Pero ahora que la homosexualidad es abiertamente mencionada, la verdad o falsedad de una “acusación” de ese tipo es insignificante. Hoy podría ser rebatida o incluso podría mejorar el estatus de un persona. Incluso se les puede decir “maricones” a los legisladores y ministros y sus carreras no están más en peligro.

Los acusadores generalmente revelan más de su personalidad que aquellos a los que acusan. Por eso las campañas políticas negativas generalmente tiene resultados negativos.

Un mercado abierto de palabras es la mejor protección contra el poder que los inescrupulosos pueden tener con las palabras. No es la palabra lo que arruina a las personas, sino que es la reacción que los crédulos tienen hacia las palabras lo que puede dañar a un inocente.

El gobierno ha venido intentando monopolizar el negocio de la investigación y seguro de la reputación. Como en todas las intromisiones gubernamentales en el mercado, el gobierno es ineficiente, es una herramienta para la influencia de los intereses especiales y es vulnerable para pervertir consecuencias inesperadas.

Si el gobierno tuviera control absoluto y prohibiera todas las noticias excepto aquellas que están oficialmente autorizadas, como en Corea del Norte o en Cuba hoy, entonces tendríamos una fuente de información carente de la más mínima credibilidad.

En el mercado de las ideas, somos libres de elegir las fuentes de información que se hayan ganado nuestra confianza. Es la competencia por nuestra confianza la que premia a la verdad en el mercado.

Lo que está en juego no es en realidad las palabras y la reputación. En juego está el poder sobre los pensamientos. Los que buscan información veraz no pueden esperarla de los políticos, las leyes, los arrestos, las multas y las cárceles. Sólo puede ser descubierta por el ejercicio de la razón.

Ken Schoolland es Profesor Asociado de Economía y Ciencias Políticas de Hawaii Pacific University y miembro del directorio de la International Society for Individual Liberty.

Traducción de Hernán Alberro

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